El último monitor Fiscal del FMI https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/04/06/fiscal-monitor-april-2018 en su capítulo 1 plantea la necesidad de controlar los elevados niveles de deuda y déficit público a nivel mundial. 164 billones de dólares, 225% del PIB global, son datos más que significativos para plantear un análisis responsable por parte de los diferentes países. ¿Dónde se genera la deuda? ¿se trata de inversión real con retorno claro, o de puro gasto ligado a ciclos políticos? ¿Tiene sentido por parte de los gobiernos endeudarse exponencialmente para pagar gastos corrientes? ¿En manos de quién está la deuda, y por tanto la capacidad de decisión de las políticas futuras? ¿Qué libertad de decisión tienen los gobiernos en países tan endeudados?
Lanzar políticas sociales soportadas por gasto público, sin una estrategia sostenible en el largo plazo puede resultar peligroso y dejar un legado muy complicado a las generaciones futuras. Cualquier gasto público o privado debe ir asociado a un «para qué», a un cálculo exacto y determinado de cuál será el coste real incurrido en el largo plazo. Especialmente, cuando este gasto suponga un mayor endeudamiento. Es pura responsabilidad social corporativa: Invertir para conseguir una sociedad más justa, donde todos los colectivos tengan igualdad de derechos y de responsabilidades. Pero pensando también en el legado que dejamos a las generaciones futuras.
Se trata de convertir gasto público en inversión pública, con un retorno claro previsto, de largo plazo, mucho más allá de la visión cortoplacista de los ciclos electorales.
Personalmente -y lo compruebo día a día en mi trabajo con diferentes colectivos sociales – estoy cada vez más convencida de que las ayudas sólo tienen sentido sobre la base de de un compromiso real del beneficiario con unos resultados medibles y evaluables. Es decir, generar iniciativas sostenibles por sí mismas, no dependientes. Esa es la base de una auténtica RSC. Sostener una economía productiva, circular, autónoma, no dependiente. Los actores sociales y económicos están perfectamente capacitados para ello.
Pero todo esto no es posible sin unos sistemas educativos potentes, adecuadamente diseñados a las demandas actuales de la sociedad, adaptados a un entorno global y cambiante, donde cada individuo pueda desplegar su máximo potencial en competencias, habilidades, recursos.
Para todo esto serían necesarias reformas valientes, y con visión de futuro, alejadas de clientelismos, y sin miedo a pensar en grande, en global.
